Crisis de desapariciones de niños en la Ciudad de México: Propuestas urgentes de reforma
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Nicol Matuz ScottEn respuesta a esta crisis, la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, ha presentado una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que busca reformar el Código Penal local. Esta propuesta tiene como objetivo aumentar las penas por el delito de sustracción de menores, elevando la pena mínima de 3 a 10 años y la máxima de 7 a 20 años. Álvarez Soto ha enfatizado que la ciudad enfrenta una "crisis en materia de desaparición de menores", destacando que las adolescentes de entre 12 y 17 años son las más afectadas.
El informe revela que las alcaldías con mayor incidencia en estos delitos son Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que concentran el 33% de los casos. Además, se ha identificado que el 80% de los menores desaparecidos son adolescentes, con un notable sesgo de género que indica que las mujeres son más vulnerables a ser víctimas de delitos graves.
El director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, Guillermo Donaldo, ha instado a las autoridades a no solo enfocarse en el aumento de penas, sino también en la eficiencia de las investigaciones. "No hay justificación para que se pida esperar 72 horas para denunciar una desaparición. Las autoridades deben actuar de inmediato", afirmó, refiriéndose a la tradicional espera que enfrentan muchas familias.
En el ámbito operativo, las autoridades han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana en la localización de menores desaparecidos. El Ministerio Público y la Fiscalía de la Ciudad de México han reforzado sus canales de denuncia, permitiendo que los ciudadanos reporten desapariciones de manera inmediata, tanto en línea como de forma presencial. A través de plataformas como la de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se puede activar la búsqueda de menores desaparecidos y solicitar la Alerta AMBER cuando se cumplan las condiciones necesarias.
La participación de la ciudadanía es fundamental en este contexto. Organizaciones civiles y la sociedad han creado redes de apoyo para visibilizar y difundir rápidamente las alertas de desaparición en redes sociales y medios de comunicación. La acción rápida de las familias y testigos es crucial para evitar que los menores sean víctimas de delitos graves y para garantizar una respuesta ágil y eficaz por parte de las autoridades.
La combinación de medidas legislativas, seguridad pública y colaboración social se presenta como un enfoque integral para enfrentar esta crisis que afecta a la sociedad en su conjunto.
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