Este acto de unidad se tradujo en la aprobación unánime de una reforma constitucional que prohíbe el maltrato animal y establece la obligación del Estado de garantizar su bienestar.
El senador Óscar Cantón Zetina, representante de Morena, destacó la importancia de esta modificación, señalando que se sientan las bases para que los animales sean reconocidos como seres vivos dignos de cuidado y protección. “Este es un día que quedará grabado en la historia no solo legislativa, sino de la nación”, afirmó con entusiasmo. Al presentar el dictamen que modifica los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución, enfatizó que se está dando un paso sin precedentes hacia una sociedad que valora la vida en todas sus formas.
“México abre su corazón y su conciencia hacia aquellos que nos brindan su lealtad, su compañía y su amor incondicional”, añadió Cantón Zetina, subrayando que este cambio legislativo representa un acto de justicia hacia los animales que, en su vulnerabilidad, nos enseñan las formas más puras del amor. Además, mencionó que las leyes secundarias serán fundamentales para detallar y robustecer el marco legal que garantice el bienestar de cada animal en el país.
Por su parte, la senadora María Esther Ortíz del PVEM, hizo eco de la alarmante situación del maltrato animal en México, donde el país ocupa el tercer lugar mundial y el primero en América Latina. Según datos del INEGI, cada año mueren alrededor de 60 mil animales por maltrato, y se estima que 29.7 millones de perros y gatos viven en la calle, con 500 mil abandonos anuales.
Durante la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hizo una intervención simbólica al colocar peluches de un chango y un león en la mesa directiva, mientras que los senadores del partido guinda expresaron su postura a favor de una vida digna para los animales mediante cartulinas en sus escaños. La senadora Paloma Sánchez, al anunciar el voto a favor del PRI, advirtió que la erradicación de la violencia en la sociedad no será posible si no se cuida a los más desprotegidos.
Este acontecimiento marca un hito en la legislación mexicana, reflejando un cambio de paradigma en la forma en que se percibe y se legisla sobre la vida animal en el país.