Filtración masiva en Fiscalía de Nuevo León: 13,000 documentos expuestos
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El Diario de SonoraEl epicentro del problema radica en la filtración de 960 carpetas de investigación, un volumen considerable que contiene alrededor de 13,000 archivos. Estos archivos, según reportes periodísticos, incluyen material altamente delicado, como fotografías de cadáveres, identificaciones oficiales, inventarios de armamento, evidencia forense y datos de investigaciones en curso. La magnitud del incidente es tal que la información filtrada pesa 14.7 Gigabytes.
El origen de esta filtración, según las investigaciones, se remonta a febrero de 2024, y parece estar directamente relacionado con Paúl Cortez Suárez, un funcionario clave dentro de la Fiscalía. Un hacker conocido como "Scorpion", quien previamente ha participado en otros ataques de alto perfil, afirma haber sido contactado por Cortez con la intención de obtener información que le permitiera "tener una 'carta bajo la manga' contra sus superiores".
La colaboración inicial entre Cortez y Scorpion tuvo como objetivo la infiltración en los sistemas internos de la Fiscalía mediante el uso de una Raspberry Pi. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. Scorpion acusa a Cortez de detener a varios empleados del departamento de tecnología y de fabricar una falsa carpeta de investigación para justificar sus acciones, llegando incluso a una orden de aprehensión en contra del propio hacker. Esta situación llevó a Scorpion a filtrar la información como represalia, amenazando con escalar las acciones si la orden de aprehensión no se retira.
Entre las posibles consecuencias de esta filtración, destacan la vulneración de la privacidad de las víctimas y testigos, el riesgo de que se comprometan procesos judiciales en curso y la posibilidad de que la información sea utilizada con fines maliciosos. La información disponible hasta el momento deja en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de la Fiscalía y sus posibles implicaciones en la administración de justicia en Nuevo León.
La situación se complica aún más al conocerse el pasado de Paúl Cortez Suárez. En 2018, se le vinculó a una polémica adjudicación de un contrato por más de 9 millones de pesos para el desarrollo de software para el gobierno de Quintana Roo, un hecho que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Las protestas frente al Palacio de Gobierno en Monterrey, realizadas por familiares de víctimas y grupos feministas, reflejan la profunda preocupación social generada por este evento. La investigación en curso, así como los posibles efectos a largo plazo de esta filtración, mantendrán a la opinión pública en vilo.
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