El comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFOCDMX), Julio César Bonilla Gutiérrez, ha revelado detalles cruciales sobre este proceso. Su visión apunta hacia la creación de una nueva agencia, un ente que fusionará la regulación de la inteligencia artificial con la protección de datos personales, una idea que se está gestando en paralelo a dos eventos clave: la desaparición del INFOCDMX y la aprobación de la primera Ley de Inteligencia Artificial de la ciudad.
Bonilla Gutiérrez explicó en una entrevista reciente que "Lo que buscamos es crear una ley específica que regule la inteligencia artificial cuando sea utilizada en el sector público". Esta nueva ley, lejos de reemplazar la actual Ley de Protección de Datos Personales, la perfeccionaría y se enfocaría particularmente en el uso de la IA por parte del gobierno en el manejo de información personal.
La incertidumbre generada por la desaparición del INFOCDMX es comprensible. Sin embargo, Bonilla aclara que la nueva agencia, inspirada en el modelo español, se visualiza como la encargada de aplicar esta nueva ley. El modelo, según el comisionado, podría ser "descentralizado o desconcentrado, que pueda tener autonomía técnica y de gestión".
El proceso, según Bonilla, requerirá una coordinación estrecha con el Congreso de la Ciudad de México y la Jefatura de Gobierno. Se ha confirmado que ya existen reuniones con el secretario de Gobierno, César Craviotto, para asegurar la continuidad de los derechos de acceso a la información y la protección de datos, aún con un nuevo marco regulatorio.
Una característica destacable de la propuesta es la inclusión de un mecanismo de actualización anual de la Ley de Inteligencia Artificial. Esta medida se justifica por la rápida evolución de las tecnologías involucradas, buscando evitar la obsolescencia de la ley. "Lo que menos queremos es tener una ley que sea obsoleta," afirmó Bonilla.
La transformación institucional no se ve como un retroceso, sino como una oportunidad para optimizar la protección de los datos y el acceso a la información pública. La clave, según Bonilla, reside en que la sociedad mexicana integre estos derechos como parte fundamental de su agenda social y jurídica.
El debate sobre la autonomía de la nueva agencia y su modelo de funcionamiento continuará, sujeto a la legislación secundaria federal que establezca las pautas para la creación de este nuevo organismo.