El martes 7 de enero, en la estación Atlalilco de la Línea 8, la tensión se hizo palpable. El detonante: un operativo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) contra el comercio informal dentro del Metro. Tres personas fueron detenidas –según reportes de la SSC, dos comerciantes informales— mientras realizaban la venta de productos en los vagones.
Sin embargo, lo que comenzó como una detención rutinaria se convirtió en un enfrentamiento. Testigos describen cómo un grupo de personas intentó evitar que los detenidos fueran trasladados, llegando incluso a agredir físicamente a un agente de la PBI. Un video difundido en redes muestra la intensidad de la confrontación: gritos, empujones y una clara resistencia a la autoridad.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó posteriormente sobre los hechos, detallando la detención de tres hombres de 53, 39 y 29 años, presuntamente implicados en la agresión a los uniformados. El reporte oficial también destaca los antecedentes de los detenidos: el de 53 años tiene 30 presentaciones ante el Juez Cívico; el de 39 años, tres ingresos al Sistema Penitenciario; y el de 29 años, 18 presentaciones ante el Juez Cívico y tres ingresos al Sistema Penitenciario. Esta información añade una capa de complejidad al incidente, dejando entrever una historia más profunda de conflictos y reincidencia.
Más allá del video viral, este suceso plantea interrogantes sobre las estrategias de control del comercio informal en el transporte público, la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los involucrados. La situación generó retrasos en el servicio de la Línea 8, afectando a miles de usuarios.
El incidente en Atlalilco, más que una simple pelea, ilumina la problemática del comercio informal en el Metro y sus implicaciones de seguridad, tanto para los usuarios como para los agentes encargados de mantener el orden.