Sheinbaum defiende preparativos para recibir a deportados de Trump, pero expertos dudan
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Nicol Matuz ScottLa figura central en este escenario es Claudia Sheinbaum, la Presidenta de México, quien ha asegurado estar "preparada" para recibir a los mexicanos deportados. Sus declaraciones han generado un debate nacional, pues se contraponen con las preocupaciones de expertos en migración.
Sheinbaum ha destacado las acciones emprendidas por el gobierno mexicano, incluyendo:
- El fortalecimiento de los 53 consulados en Estados Unidos, ofreciendo capacitaciones y una aplicación móvil, "Botón de Alerta", para notificar situaciones de riesgo.
- Una política económica enfocada en atraer inversiones extranjeras para mitigar el impacto de posibles aranceles.
- La colaboración con países de Centroamérica y Sudamérica para abordar las causas de la migración.
La preocupación se centra en la estrategia de contención migratoria, criticada por Margarita Núñez, antropóloga de la Universidad Iberoamericana, quien afirma que "la política migratoria de México ha estado siempre orientada a la contención… quienes realmente quieren quedarse en México terminan optando por irse". Núñez resalta la falta de una política integral de integración, lo que deja a muchos migrantes vulnerables a la extorsión y el secuestro por parte de grupos criminales. De hecho, más de mil funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron despedidos recientemente por corrupción.
Guadalupe Correa, experta en crimen y migración, agrega que la falta de capacidad del Estado para acoger a los deportados beneficiará a las redes de tráfico de personas. La militarización de la frontera sur, con el despliegue del ejército para disolver caravanas migrantes, es otro punto de controversia, señalado por expertos como una práctica que "deshumaniza al migrante, lo coloca como amenaza a la seguridad nacional".
Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, señala que la política migratoria mexicana está profundamente condicionada por su relación con Estados Unidos, un factor que limita la capacidad de respuesta ante una potencial deportación masiva. La creación del INM en los años 90, como parte de la negociación del tratado de libre comercio, ilustra esta dependencia.
La Constitución mexicana garantiza el derecho a la libre circulación, una tradición histórica de acogida que, según los expertos, no se traduce en una política migratoria robusta y integral que permita la efectiva integración de los migrantes en la sociedad mexicana.
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