Gasolina en Monterrey: Precios descontrolados a pesar del acuerdo federal
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Leonora LagardaUno de los rubros que más preocupa es el combustible. Y es que, a pesar del reciente acuerdo federal para congelar el precio de la gasolina Magna en 24 pesos, la realidad en las calles es bastante diferente. Un recorrido por varias estaciones de servicio en la zona metropolitana de Monterrey revela una situación compleja.
En puntos estratégicos como la intersección de Madero y Edison, el precio se disparó hasta los 24.79 pesos por litro. Similar situación se observó en el cruce de Madero y Miguel Nieto, con un costo de 24.34 pesos. Otros puntos de venta mostraban precios que oscilaban entre 24.39 y 24.99 pesos, evidenciando una clara discrepancia con el acuerdo.
Incluso, en una gasolinera ubicada en Vicente Guerrero y Madero, ni siquiera se exhibían los precios de manera visible, lo que genera aún más incertidumbre entre los consumidores. “Es una falta de transparencia que genera desconfianza”, comentó un automovilista consultado durante la investigación.
Cabe mencionar la persistencia de una problemática ya reportada: la gasolinera ubicada en Insurgentes y Pablo Moncayo, en la colonia Colinas de San Jerónimo. A pesar de que el precio ha bajado a 23.99 pesos, la manta de la Profeco con el mensaje “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” sigue colocada, un recordatorio visual de las irregularidades previas.
El acuerdo federal, cuyo borrador se titula “Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México”, tiene una vigencia de seis meses. Durante este periodo, se llevarán a cabo evaluaciones para medir su efectividad y realizar ajustes si fuese necesario. PEMEX, junto con importadores, comercializadores, distribuidores y transportistas participantes, se comprometieron a revisar sus políticas de comercialización.
La situación deja entrever la complejidad del mercado de combustibles en la región, y la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia por parte de las autoridades para garantizar que los acuerdos firmados se cumplan y que los consumidores reciban un trato justo.
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