Vandalismo en Catedral de Guadalajara: Arzobispado condena actos 8M
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Leonora LagardaAlgo sucedió el pasado 8 de marzo que ha dejado una huella profunda, no solo en las piedras centenarias, sino en el ánimo de la ciudad. El Arzobispado de Guadalajara, a través de un comunicado, ha expresado su más enérgica condena tras los actos de vandalismo perpetrados contra la Catedral durante la marcha del Día Internacional de la Mujer. "Ninguna ley avala dañar personas, negocios, instituciones o edificios", señala el comunicado, subrayando la desproporción entre la demanda y los métodos empleados por algunas manifestantes.
El Cardenal Francisco Robles Ortega, en declaraciones posteriores, ha manifestado su respeto al derecho a la manifestación pública: "La postura de la iglesia ante las protestas es de respeto... es un derecho que se debe ejercer en libertad y sin coacción. Pero al mismo tiempo... se pediría que haya respeto a la sociedad, respeto a los edificios que son patrimonio de la nación...". Sin embargo, la situación deja un sabor amargo, ya que la Catedral, emblema de Guadalajara, ha sufrido graves daños.
La controversia se extiende más allá del daño material. El Arzobispado ha denunciado la insuficiente protección policial. Se solicitó apoyo al gobierno estatal, pero la respuesta se limitó a la instalación de vallas sin personal de seguridad, dejando la custodia, en gran medida, a la iniciativa de civiles. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la protección del patrimonio cultural y la seguridad ciudadana.
Este incidente no es aislado. El Arzobispado recuerda que la Catedral ha sido víctima de vandalismo en ocasiones anteriores, pero la magnitud de los daños sufridos el 8 de marzo ha generado una honda preocupación. La situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los monumentos históricos ante eventos masivos y la necesidad de implementar estrategias más efectivas de protección y prevención.
Los detalles específicos de los daños aún están siendo evaluados, pero la imagen de una institución histórica dañada tras una manifestación ha generado un debate complejo en la sociedad tapatía, planteando interrogantes sobre los límites del derecho a la protesta y la responsabilidad en la preservación del patrimonio cultural.
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