Senado aprueba CURP biométrica para búsqueda de desaparecidos
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Nicol Matuz ScottEl Senado de la República aprobó recientemente una reforma que introduce la CURP biométrica como documento oficial de identificación nacional en México, además de establecerla como una herramienta fundamental para la localización de personas desaparecidas. Esta iniciativa forma parte de un paquete de modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y a la Ley General de Población, con el propósito de mejorar la coordinación institucional y agilizar la respuesta estatal en casos de desaparición.
Entre los puntos destacados de la reforma, la CURP biométrica incorporará fotografía y huellas dactilares, y será exigible para trámites y servicios tanto en formato físico como digital. Se creará una Plataforma Única de Identidad que conectará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas con el Banco Nacional de Datos Forenses, facilitando la búsqueda y generación de alertas ante cualquier uso de la CURP en trámites o servicios. Asimismo, se establecerán protocolos para la interconexión de bases de datos genéticos y forenses con el fin de optimizar la identificación de personas.
La reforma también contempla el fortalecimiento de las fiscalías encargadas de desapariciones mediante personal capacitado y la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación para centralizar y acelerar las indagatorias. Además, se impone la obligación de realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas antes de cualquier disposición final de restos humanos no identificados, garantizando su registro en el Banco Nacional de Datos Forenses. La Secretaría de Gobernación será la encargada de integrar y proteger los datos biométricos bajo estrictos lineamientos de privacidad.
Durante la discusión legislativa, se presentaron posturas diversas: la senadora Morena Olga Patricia Sosa Ruiz defendió que el uso de datos biométricos estará estrictamente limitado a la localización de personas desaparecidas y respetará los derechos humanos. Sin embargo, senadoras del PAN y PRI expresaron reservas, señalando riesgos para la protección de datos personales y advirtiendo sobre posibles excesos en vigilancia estatal. El debate evidenció la tensión entre el impulso a la seguridad y la preocupación por la privacidad y los derechos fundamentales.
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