Avaricia y pandemia: El caso de Roy L. Layne, un ejemplo de cómo el fraude se cobró caro en Arizona
En un mundo donde la pandemia golpeó con fuerza, dejando a muchos negocios a la deriva, algunos individuos aprovecharon la situación para obtener beneficios personales
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Uno de estos casos, el de Roy L. Layne, de 44 años y originario de St. David, Arizona, es un ejemplo de cómo la avaricia pudo más que la ética. Layne, un hombre aparentemente común, se convirtió en un maestro del engaño, utilizando las medidas de apoyo diseñadas para ayudar a las pequeñas empresas durante la crisis sanitaria como una oportunidad para enriquecerse.
Su estrategia era simple pero eficaz: solicitar préstamos destinados a la recuperación económica a través de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), bajo el pretexto de ser dueño de diversas compañías, tanto reales como inventadas. Además, también se valió de la identidad de otras personas para solicitar estos fondos, creando una red de mentiras que le permitieron obtener un total de 306.700 dólares en préstamos.
Pero la ambición de Layne no se detuvo ahí. Su plan también incluía la presentación de declaraciones de impuestos falsas ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), con el objetivo de evadir el pago de impuestos sobre las ganancias ilícitas. Sus declaraciones fraudulentas alcanzaron la cifra de 7,4 millones de dólares, revelando la magnitud de su engaño.
Las autoridades finalmente detectaron las irregularidades en las solicitudes de Layne. La Fiscalía de Estados Unidos en Arizona, tras una investigación exhaustiva, lo acusó formalmente por fraude de préstamos COVID y fraude fiscal. En agosto de 2023, Layne se declaró culpable de los cargos que se le imputaban.
Como consecuencia de sus actos, Layne deberá restituir 856.692 dólares, cifra que representa parte del dinero que obtuvo de forma fraudulenta. Además, enfrenta una posible pena de hasta 30 años de prisión por el delito de fraude electrónico, así como una multa de un millón de dólares. Por otro lado, la presentación de una reclamación falsa conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.