ICE siembra terror en negocios de Tucson: miedo y pérdidas económicas
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Nicol Matuz ScottLas recientes acciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en negocios locales han dejado una estela de incertidumbre y pérdidas económicas. Marco Antonio López, dueño de Beef Master Meat Market, un reconocido supermercado hispano, relata su experiencia con escalofriante detalle.
Más de 16 agentes, fuertemente armados y con una estrategia de sorpresa, rodearon su carnicería la semana pasada. Patrullas y vehículos encubiertos bloquearon las vías de escape. "Nos dijeron que no era una redada, solo una verificación de documentos de nuestros empleados", recuerda López. A pesar de que no hubo arrestos, la situación dejó una huella imborrable.
"El día siguiente, ninguno de mis ocho empleados se presentó. El miedo se ha apoderado de ellos y sus familias", explica López. La situación es crítica: el temor de represalias en sus hogares, especialmente en familias con estatus migratorio mixto, los ha paralizado. La pérdida económica es significativa: una reducción del 50% en los ingresos, forzándolo a cerrar la venta de comida preparada, una parte importante de su negocio.
El caso de Beef Master Meat Market no es aislado. María Eugenia Carrasco, de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, afirma que "estamos seguros de que ya han visitado más de la mitad de los pequeños negocios en el sur de Tucson, Arizona". La estrategia de ICE, aunque se presente como una simple verificación, genera un clima de terror que impacta no solo a los empleados, sino también a proveedores y clientes.
Las consecuencias trascienden el ámbito individual. López, quien lleva 15 años trabajando en la comunidad, relata las dificultades para contratar personal estadounidense: "Quieren salarios superiores al mínimo, horarios flexibles y 40 horas semanales garantizadas, algo que a veces es imposible". Esta situación lo llevó a contratar a un trabajador independiente, lo que no exime la posible responsabilidad legal.
La visita de ICE es solo el comienzo; se avecina una auditoría, más gastos legales y la necesidad de reestructurar el negocio. Las altas multas por contratar indocumentados –hasta 27 mil dólares por empleado– agudizan la crisis. La incertidumbre y el miedo, silenciosos pero devastadores, han transformado la vida en el sur de Tucson.
El impacto de estas acciones se extiende más allá de la pérdida económica, afectando profundamente el ánimo de la comunidad y generando un ambiente de desconfianza que podría tener consecuencias de largo alcance.
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