Cuenta regresiva inicia en Arizona

La sección 2b, también conocida como la polémica “muéstrame tus papeles” de la ley estatal antiinmigrante SB1070 de Arizona podría entrar en vigor dentro de diez días, dijo ayer la Unión de Libertades Civiles (ACLU)

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PHOENIX

La sección 2b, también conocida como la polémica muéstrame tus papeles” de la ley estatal antiinmigrante SB1070 de Arizona podría entrar en vigor dentro de diez días, dijo ayer la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

Eso significa también que los departamentos policiales en el estado verificarían el estatus de los detenidos a más tardar a finales de este mes. La sección 2b no entrará en vigor en menos de diez días”, dijo Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU en Arizona, quien señaló que la juez federal en Phoenix, Susan Bolton, dio ayer este plazo para que el estado de Arizona y el Departamento de Justicia presenten sus argumentos antes de que la regulación entre en vigor.

También existe la posibilidad de que el estado presente su propuesta, y el gobierno federal exprese objeciones al respecto. La juez Bolton está siendo muy considerada en este aspecto, pidiendo que ambos lados tengan esta opción cuando ella emita la orden para terminar con el bloqueo de esta regulación”, dijo la activista.

La juez federal también rechazó el miércoles la petición de una coalición de organizaciones civiles, entre ellas ACLU, que solicitaba una segunda suspensión a la aplicación de la sección, la cual obliga a todos los departamentos policiales en el estado de Arizona a cuestionar el estatus migratorio de las personas que sean detenidas, sin importar que sean infracciones mínimas de tránsito.

En 2010, Bolton otorgó una suspensión preliminar a varias secciones de la SB1070, incluyendo la 2b, en respuesta a una demanda del gobierno federal contra el estado de Arizona. En junio pasado, la Corte Suprema rechazó varias provisiones de la SB1070, pero mantuvo la sección 2b, por lo que activistas trataron de impedir su implementación pidiendo una nueva suspensión. Los grupos civiles argumentaron que existen casos de violaciones a los derechos civiles de conductores hispanos a pesar de que la legislación no ha entrado aún en vigor.

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