El Diario de SonoraCDMX
A un año de la partida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa. A continuación, se reproduce íntegramente el texto escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith.
El 20 y 21 de abril, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coordinadora del Mecanismo y también Relatora para México, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente de Ayotzinapa. Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes.
El trabajo del GIEI en México fue esencial para desmentir la “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados en un río aledaño y para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso. El GIEI también logró avanzar en la investigación del caso.
El GIEI descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, el GIEI consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. El GIEI también reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia. Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.
En julio de 2016, la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano y las familias de los estudiantes y sus representantes. Su plan de trabajo establece entre otras cosas los objetivos del Mecanismo y su cronograma de actividades que incluye cuatro visitas oficiales de la CIDH a México.
UN CASO EMBLEMÁTICO QUE EL GOBIERNO MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER
El gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o pérdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones. El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes.
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