Según "las autoridades de Georgia deben poner fin a su represión violenta, que ha infligido daños físicos, psicológicos y jurídicos a quienes ejercen su derecho a protestar", declaró Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central. La violencia policial ha sido generalizada y ha incluido actos de tortura y otros malos tratos, con informes de lesiones graves, como roturas de huesos faciales, fracturas y conmociones, en aumento.
Los manifestantes detenidos han sido sometidos a procedimientos administrativos o penales sin el debido proceso, y se les ha negado atención médica y acceso a asistencia letrada a su debido tiempo. La estrategia del gobierno georgiano de utilizar toda la maquinaria del Estado para castigar y reprimir la disidencia es cada vez más clara.
Entre los casos documentados por grupos defensores de los derechos humanos se encuentran:
- Brutalidad policial y tortura
- Negación de atención médica
- Procedimientos judiciales que infringen las normas relativas a juicios con las debidas garantías
- Falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables de abusos