EU propone usar fuerza militar contra cárteles mexicanos

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La relación entre México y Estados Unidos, históricamente compleja, se encuentra nuevamente en un punto crucial. La lucha contra el narcotráfico, un tema que permea la vida cotidiana de ambos países, ha escalado a un nuevo nivel de tensión

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Leonora Lagarda el 26/03/2025 06:52 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2025 06:56 AM.

El debate sobre estrategias efectivas para contener el flujo de drogas y la violencia asociada se ha intensificado, generando un clima de incertidumbre. El epicentro de esta tensión reside en una propuesta legislativa presentada por el congresista republicano Greg Steube. Esta resolución, presentada el martes, solicita la autorización para el despliegue de fuerzas armadas estadounidenses contra los cárteles mexicanos. La iniciativa, difundida por el propio Steube en sus redes sociales, señala directamente a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Tren de Aragua y la MS-13, acusándolos de "envenenar a las comunidades estadounidenses" y representar una amenaza directa a su seguridad nacional.

El documento legal, que menciona explícitamente la supuesta "incapacidad" del gobierno mexicano para controlar a los cárteles, otorga al presidente la facultad para utilizar "las fuerzas armadas (...) que determina necesarias y apropiadas contra los cárteles cubiertos...". La lista de cárteles "cubiertos" incluye, además de los ya mencionados, al Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, Cárteles Unidos, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo.

Esta propuesta se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico. El 19 de febrero, el Departamento de Estado designó a ocho grupos criminales como organizaciones terroristas globales. Esta medida, según un memorando de la fiscal general Pam Bondi del 5 de febrero, facilitaría la persecución legal de los líderes de los cárteles bajo la Ley Antiterrorismo.

El proyecto de ley de Steube, sin embargo, representa un escalamiento significativo en la respuesta estadounidense al problema, planteando interrogantes sobre las implicaciones diplomáticas y la posible afectación de la soberanía mexicana. Las consecuencias a largo plazo de esta iniciativa y su impacto en la compleja relación entre ambos países permanecen por verse.