Nueva orden de Trump exige prueba de ciudadanía para votar
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Nicol Matuz ScottEl epicentro de esta controversia radica en una reciente orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump. Esta medida, implementada en marzo de 2025, implica un cambio significativo en el proceso de registro de votantes para las elecciones federales. Ahora, todos los aspirantes a ejercer su derecho al voto deberán proporcionar documentación que acredite su ciudadanía estadounidense.
La orden especifica que la Comisión de Asistencia Electoral exigirá, a través del formulario de registro de votantes por correo, una prueba documental irrefutable de la ciudadanía. Documentos como pasaportes estadounidenses, identificaciones oficiales o tarjetas militares serán considerados válidos. La justificación, según la orden, reside en la necesidad de garantizar "unas elecciones libres, justas y honestas, libres de fraudes, errores o sospechas".
Esta decisión no ha estado exenta de críticas. Trump ha argumentado repetidamente la existencia de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, a pesar de la falta de evidencia concluyente. Su orden ejecutiva, según sus detractores, es una herramienta para restringir el acceso al voto.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) ha emitido una condena contundente, calificando la medida como un intento de “privar del derecho al voto a millones de votantes elegibles”. Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derecho al Voto de ACLU, señala que las comunidades históricamente marginadas, como votantes de color, ciudadanos naturalizados, personas con discapacidad y adultos mayores, serán afectadas de manera desproporcionada.
Más allá de la exigencia de prueba de ciudadanía, la orden también incluye otras disposiciones. Se insta a los estados a implementar sistemas de votación que eviten el uso de códigos de barras en el registro de votos, y se prohíbe el conteo de votos por correo recibidos después del día de la elección. La supervisión de la implementación recaerá en el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, este último dirigido por Elon Musk, quien revisará las listas de registro de votantes de cada estado.
La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996 ya prohibía el voto en elecciones federales a personas nacidas en el extranjero sin ciudadanía estadounidense, con penas que incluyen multas, prisión, inadmisibilidad y deportación. Esta nueva orden ejecutiva intensifica las medidas para asegurar la correcta identificación de los votantes.
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