Juez bloquea temporalmente política de deportación de migrantes a países terceros
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Nicol Matuz ScottRecientemente, un fallo judicial ha generado un gran revuelo. El Juez de Distrito de Estados Unidos, Brian E. Murphy, en Massachusetts, emitió una orden judicial que frena temporalmente una política de la administración Trump. Esta política, que permitía la deportación de migrantes a países terceros sin un proceso legal previo, ha sido bloqueada a nivel nacional.
El caso, D.V.D., et al. v. U.S. Department of Homeland Security, et al., pone en el centro de la discusión el debido proceso. La decisión afecta a miles de migrantes, como lo evidenció el caso de OCG, un guatemalteco que, a pesar de tener protección contra la deportación a su país de origen, fue enviado a México en febrero sin previo aviso, según reporta ABC News. Ahora, se encuentra escondido en Guatemala, según afirman sus abogados. Otro caso es el de DVD, un cubano en libertad condicional desde 2017, quien teme ser deportado a un tercer país.
La orden del Juez Murphy, que estará vigente hasta una audiencia el 10 de abril, donde se considerará una orden judicial a largo plazo, como informó The Miami Herald, exige que el gobierno proporcione notificación escrita a los afectados y les permita impugnar su destino de deportación ante un juez de inmigración. El juez escribió: "Una persona sujeta a una orden final de deportación debe tener una oportunidad significativa de buscar alivio".
La administración Trump apeló rápidamente la decisión, argumentando interferencia con su autoridad ejecutiva sobre la aplicación de las leyes de inmigración. Su estrategia de deportaciones a terceros países –principalmente México, Guatemala, Colombia, Panamá y El Salvador– ha sido ampliamente cuestionada. Este fallo se suma a otros desafíos legales a las políticas de inmigración de la administración.
En otro caso, un juez federal en Washington D.C. bloqueó la deportación de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, citando preocupaciones sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la administración. El Departamento de Justicia solicitó una resolución de emergencia a la Corte Suprema para restablecer las deportaciones bajo este estatuto.
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