Jueza frena intento de Trump de vetar estudiantes internacionales en Harvard
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la controversia se encuentra la Universidad de Harvard, una de las instituciones educativas más reconocidas a nivel mundial. La disputa se intensificó el jueves, 22 de mayo de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la administración Trump, anunció una medida impactante: la prohibición de la inscripción de estudiantes internacionales en Harvard.
La decisión del DHS, según fuentes cercanas al gobierno, se basa en un alegato de incumplimiento por parte de Harvard de una serie de requerimientos relacionados con la “condena del antisemitismo y la presentación de registros de actividades estudiantiles de los últimos cinco años.”
La respuesta de Harvard no se hizo esperar. Menos de 24 horas después del anuncio, la prestigiosa universidad presentó una demanda contra el gobierno federal, argumentando que la medida es una "clara represalia por el ejercicio de sus derechos de la Primera Enmienda." La universidad, en su demanda, enfatiza que la decisión del gobierno pretende borrar “a una cuarta parte del alumnado de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y a su misión.”
La jueza federal de Boston, Allison D. Burroughs, respondió rápidamente a la solicitud de Harvard, otorgando una orden de restricción temporal contra la orden del gobierno. La jueza coincidió con los argumentos de Harvard, señalando que la aplicación de la orden causaría un “perjuicio inmediato e irreparable” a la institución.
El decano de Harvard, Alan M. Garber, en una carta a la comunidad universitaria, condenó la acción del gobierno, calificándola de “ilegal e injustificada” y subrayando el impacto negativo en miles de estudiantes y académicos. La demanda de Harvard también alude a publicaciones del presidente Trump en Truth Social, como evidencia de una represalia personal.
La Casa Blanca, a través de una portavoz, respondió a la demanda con un comunicado que defendió las acciones del gobierno. En él se afirmaba que "si a Harvard realmente le importara combatir los problemas de agitación en su campus, no se encontraría en esta situación." La secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que la demanda busca limitar los poderes del presidente y que la inscripción de estudiantes internacionales es un privilegio, no un derecho.
El conflicto entre Harvard y el gobierno federal se ha extendido por semanas. Se suma a otras ocho investigaciones abiertas contra la universidad por parte de al menos seis agencias federales, incluyendo una congelación de casi 3000 millones de dólares en contratos y financiamiento para investigación.
El impacto potencial de esta disputa abarca más allá de Harvard, generando preocupación en otras instituciones educativas y en la comunidad académica en general. La prohibición podría afectar a unos 6800 estudiantes internacionales de Harvard y generar un duro golpe económico a la universidad.
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