La reforma, que fue aprobada con 327 votos a favor y 118 en contra, modifica los artículos 4° y 5° de la Constitución mexicana. El objetivo principal de la medida es garantizar el derecho a la salud y reducir los riesgos derivados del consumo de estas sustancias. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en México un millón de adolescentes y 15 millones de adultos son usuarios regulares de tabaco.
Los impulsores de la reforma, como Gerardo Ulloa de Morena, argumentan que la prohibición de los vapeadores y el fentanilo es esencial para proteger la salud pública. "Los efectos nocivos del tabaco son una de las principales preocupaciones en materia de salud pública y la reforma busca intervenir de manera decidida para evitar que los jóvenes continúen consumiendo estas sustancias", destacó Ulloa.
La reforma también busca frenar el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, que ha causado graves consecuencias en diversas regiones del país. Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de críticas. Los partidos de oposición, como PAN y PRI, expresaron su desacuerdo con la prohibición de los cigarrillos electrónicos, argumentando que esta medida no tendría un impacto real en la reducción del consumo de estos productos.
El partido Movimiento Ciudadano fue el único en votar en contra de la reforma, argumentando que la prohibición podría dar lugar a un "mercado negro" que solo fortalecería a los grupos delictivos. También señalaron que el gobierno podría perder una fuente importante de ingresos a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), ya que la venta de vapeadores podría generar hasta 12 mil millones de pesos anuales en impuestos.
Entre las críticas también se encuentra la inclusión de los vapeadores en el mismo dictamen que las sustancias ilegales. El panista Éctor Jaime Ramírez Barba defendió a los vapeadores como una alternativa menos dañina que los cigarrillos tradicionales.
La reforma forma parte de un esfuerzo más amplio para controlar la propagación de productos que afectan la salud pública en el país. Aunque la mayoría de los diputados apoyaron la propuesta, algunos plantearon reservas, en particular sobre la inclusión de reformas del Plan C, que ya habían sido aprobadas anteriormente.