Arizona no quiere que dreamers tengan colegiaturas reducidas

Phoenix, Az.

Jóvenes indocumentados, en calidad de extranjeros, pagan tres veces más por poder estudiar .
Arizona ultima los argumentos que el próximo 6 de marzo presentará ante un juez en Phoenix en su demanda contra los Colegios Comunitarios del Condado de Maricopa por otorgar colegiaturas como residentes a indocumentados amparados bajo la Acción Diferida (DACA), lo que indigna a los activistas.
“Es intolerante por parte de nuestro estado que insista en querer tener una generación sin educación”, dijo Dulce Matuz, activista y cofundadora del Dream Action Coalition.
Arizona es un estado conocido a nivel nacional por su mano dura en contra de la inmigración indocumentada, así como por la aprobación de legislaciones estatales que “castigan” a los indocumentados.
En 2006, los votantes aprobaron una legislación que niega la posibilidad a los estudiantes indocumentados de pagar tarifas como residentes del estado de Arizona en colegios y universidades públicas, sin importar los años que tengan viviendo en el estado o que se hayan graduado de escuelas secundarias locales.
Esta legislación ha sido la base para que los jóvenes indocumentados tengan que pagar hasta tres veces más para poder continuar con sus estudios universitarios.
En 2012, después de que el presidente Barack Obama anunciara DACA, que otorga permiso de residencia temporal a los indocumentados que llegaron al país siendo menores de 16 años, la entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó una orden ejecutiva que les negaba la posibilidad de obtener ningún tipo de beneficio público.
Entre estos beneficios se incluyen las licencias de conducir, colegiaturas reducidas para los residentes o becas otorgadas con fondos estatales.
En un desafío al estado de Arizona, los Colegios Comunitarios del Condado de Maricopa, que cuentan con alrededor de 127.000 estudiantes inscritos, comenzaron a otorgar colegiaturas de residentes a los jóvenes amparados bajo DACA.
En respuesta, el exprocurador de justicia del estado Tom Horne presentó una demanda en 2012, la cual ha sido apelada por los colegios comunitarios al considerar que la procuraduría no tenía el derecho de demandarlos, pero el juez Arthur Anderson, de la Corte Superior del Condado de Maricopa, rechazó esta alegación y el caso continúa.
“Esta demanda no tiene sentido, las cortes han dictaminado que la Acción Diferida les da una presencia legal a los soñadores en los EU. Tenemos permiso de trabajo, estamos contribuyendo, pagando impuestos y hemos sido residentes de este estado por muchos años”, aseguró Matuz.
La activista aseguró que estos “soñadores” están siguiendo las reglas y por lo tanto califican para poder optar a colegiaturas reducidas para seguir su educación.
“Esto debe cambiar, es ilógico tener una generación que esta lista para trabajar y que no dejemos que sean educados”, enfatizó.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes esperaban que con el cambio de administración en el estado y la salida de la gobernada Brewer las cosas cambiaran para los inmigrantes.
El nuevo gobernador, Doug Ducey, quien tomó el cargo el pasado mes de enero, indicó hace algunas semanas que la decisión de seguir apelando las decisiones de las cortes sobre los temas migratorios como la ley estatal SB1070 estaba en manos de Brnovich, que decidió avanzar con este tema.
El procurador también anunció la semana pasada que el estado apelara la decisión de un juez federal que otorgó a los jóvenes indocumentados amparados con DACA el derecho de obtener licencias de conducir desde el pasado mes de diciembre, después que un juez de la Suprema Corte federal negara una petición de emergencia del estado.
Petra Falcón, directora del grupo Promesa Arizona, lamentó la decisión de Brnovich y Ducey.
“Están gastando millones de dólares en estas demandas, dinero que pudiera ser aprovechado para otras cosas que se necesitan. A pesar del cambio de administración parece que las cosas siguen igual o quizás peor”, dijo la activista.
Se estima que el estado de Arizona ha gastado 1,5 millones de dólares solamente para evitar que los “soñadores” puedan tener licencias de conducir en Arizona.
Otros colegios comunitarios en el sur de Arizona han comenzado también a otorgar colegiaturas reducidas a beneficiados por DACA, aunque por el momento las tres principales universidades del estado se han mantenido al margen del debate, cobrándoles tarifas como extranjeros.

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