Trump desafía a las ciudades santuario: ¿El fin de las leyes locales de inmigración?
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Nicol Matuz ScottEste enfoque, que busca aplicar leyes federales de hace siglos, plantea un desafío significativo para los gobiernos locales, quienes jugarán un papel crucial en la implementación de estas medidas.
En este contexto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha reafirmado su compromiso con el estatus de ciudad santuario, que prohíbe a las agencias locales compartir información sobre los residentes indocumentados. A pesar de su postura, Adams ha expresado la necesidad de revisar esta política, que data de 1989, y ha señalado que no tiene un plan concreto para enfrentar las posibles acciones de la nueva administración.
El alcalde ha indicado que su comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante, Manuel Castro, está en contacto con diversas organizaciones para coordinar respuestas ante los cambios que se avecinan. Sin embargo, la falta de un plan definido ha generado inquietud entre los defensores de los derechos de los migrantes, quienes ya se están organizando para resistir las políticas de Donald Trump.
En el ámbito nacional, grupos como la Coalición del Inmigrante han manifestado su determinación de combatir las propuestas del nuevo presidente. “Lo detuvimos antes y lo detendremos nuevamente”, afirmaron, mientras que otras organizaciones han comenzado a ofrecer talleres sobre los derechos de los migrantes, preparándolos para enfrentar cualquier eventualidad.
Por otro lado, en Texas, un estado que alberga a una gran cantidad de migrantes indocumentados, la situación es aún más compleja. El gobernador Greg Abbott, un aliado de Trump, ha impulsado la Operation Lone Star, una iniciativa que busca militarizar la frontera y frenar la entrada de migrantes. Esta operación ha movilizado a cientos de agentes de la Guardia Nacional, y la legislatura estatal ha aprobado leyes que permiten a las autoridades locales detener y deportar a sospechosos de ser migrantes en situación irregular.
Sin embargo, estas regulaciones se encuentran en un limbo legal debido a las demandas presentadas por organizaciones como la ACLU, que buscan frenar su implementación. Activistas como Kassandra González han expresado su preocupación por el impacto que estas políticas podrían tener en las familias con “estatus mixto”, donde al menos un miembro no es ciudadano estadounidense. “Sentimos mucha preocupación con la llegada de Trump”, indicó González, resaltando el temor a la separación familiar y el uso de perfiles raciales en las detenciones.
En este panorama, la respuesta de los gobiernos locales y las organizaciones de derechos civiles será fundamental para enfrentar los desafíos que se avecinan. La situación actual exige una vigilancia constante y una movilización efectiva para proteger los derechos de los migrantes en un momento de gran incertidumbre.
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