Según expertos en inmigración, como Stuart Anderson, director de la National Foundation for American Policy, la reimplementación de esta norma podría complicar significativamente el proceso para obtener una Green Card. Durante la administración anterior, se observaron restricciones severas que impactaron a las familias inmigrantes, limitando su acceso a servicios esenciales.
La regla de carga pública, que se había intentado aplicar en 2019, no solo penalizaba a quienes recibían ayudas públicas, sino que también evaluaba diversos factores como la edad, la educación y la situación financiera de los solicitantes. Esto generó un efecto paralizante en el acceso a servicios de salud y asistencia alimentaria, afectando a millones de personas.
Organizaciones como el Immigration Hub han señalado que la reactivación de esta norma podría restringir aún más el acceso de los niños de familias con estatus migratorio mixto a apoyos públicos. Un informe reciente de KFF, especializado en salud, advirtió que la política de 2019 resultó en una disminución significativa de la cobertura de programas como Medicaid y CHIP, afectando a entre 2 y 4.7 millones de inmigrantes.
La administración Biden había bloqueado esta regla, implementando en su lugar lineamientos que no penalizan a los inmigrantes por solicitar ayudas sociales, salvo en casos de asistencia en efectivo. Actualmente, los oficiales migratorios evalúan varios aspectos de los solicitantes, incluyendo:
- Situación personal: Edad, salud y estado familiar.
- Finanzas: Activos, recursos y estado financiero.
- Patrocinio: Evaluación de la Declaración Jurada de Patrocinio Económico.
- Ayudas sociales: Consideración de la recepción de asistencia pública.