El Gobierno del Estado llegará hasta las últimas consecuencias en cualquier demanda que se presente contra Grupo México para resarcir el daño causado a más de 22 mil sonorenses por el derrame de metales pesados en el Río Sonora, advirtió el gobernador Guillermo Padrés.“Es una demanda muy amplia, lo estamos cuantificando, estamos trabajando, levantando los padrones y estamos trabajando de la mano con la sociedad y vamos a llegar por supuesto hasta las últimas consecuencias para defender los intereses de los ciudadanos”, aseveró.Durante su participación en el programa “Por la Mañana”, con el periodista Ciro Gómez Leyva, el mandatario estatal reiteró que la mina Buenavista del Cobre es la culpable por el derrame tóxico y debe asumir su responsabilidad con los ciudadanos.“Los hechos hablan, ahí estamos trabajando de la mano con la gente, hemos estado en todo momento exigiendo que se pueda resarcir este daño, tengo un compromiso firme de hacer todo lo que esté al alcance del Gobierno del Estado y por supuesto colaborar con el Gobierno Federal para que a la mina se le sancione y ellos asuman la responsabilidad que tienen, que es muy amplia”, comentó.El gobernador Padrés comentó que el primer paso al conocer la emergencia fue controlar el derrame, atender la emergencia con las autoridades de Protección Civil y ayudar a la gente, suministrarle necesidades apremiantes como agua, víveres y recursos económicos a partir del cierre de pozos que dejó sin el suministro a siete municipios.El segundo paso, detalló, es atender el reclamo justo de los ciudadanos de recibir una indemnización por los daños patrimoniales, por lo que el Estado está apoyando con asesoría legal y todo lo que se les solicite a los presidentes municipales de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, para proceder con esta demanda colectiva por la vía civil.“Estamos ahorita organizándonos junto con los alcaldes, los productores, las uniones de producción ahí, la Unión Ganadera, precisamente para poder exigir a quien es responsable, que es Grupo México, para que pueda resarcir, no nomás los daños ecológicos, que nos vamos a asegurar de que así sea, sino también el daño patrimonial a los ciudadanos”, dijo.Padrés reiteró que el Estado trabaja en coordinación con el Gobierno Federal, especialmente con Conagua, Profepa y Semarnart, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que se liberen los pozos únicamente cuando se confirme que no hay riesgo para la población.Esto, explicó, será definido por la Comisión Nacional del Agua, dependencia encargada de revisar la calidad del agua, sin que la liberación de los pozos, o el reciente apoyo económico del Grupo México a los alcaldes para atender necesidades de 500 mil pesos por municipio, signifique de ninguna forma el fin de los procesos en contra de la mina.La demanda que preparan alcaldes y ciudadanos, dijo, incluye daños patrimoniales a todos los productores del río, así como daños de infraestructura, producción, y daños a la salud a cualquier persona, a sus animales o a sus herramientas de trabajo, además del patrimonio de los sonorenses que es el mismo Río Sonora.