Las sanciones podrían ir desde lo administrativo, económico y penal.Luego de varias denuncias ciudadanas y derivado de las inundaciones que se generaron por el desbordamiento del Río San Miguel en el Ejido La Victoria, autoridades federales de Sagarpa y Conagua supervisaron obras públicas y privadas que están en el margen de ese cauce.Acompañados por un grupo de agentes de la Gendarmería Nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, además de la Comisión Nacional del Agua, expertos verificaron el uso de tierras que podrían invadir cauces federales que son regulados por la Ley de Aguas Nacionales y que implica contar con permisos.La medida de supervisión se accionó después de una serie de quejas y denuncias, tanto en Conagua, como Sagarpa, Secretaría de Gobernación y las propias redes sociales que dejaron ver el desastre que se formó por la desviación que tuvo el cauce y que ha provocado que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional trabaje para evitar que haya más problemas con otro desbordamiento.Además se supervisó la existencia de permisos de siembra, uso de detonaciones de agua, por lo que corresponde a la siembra de alto impacto dentro del predio conocido com Temporal de Pascual Díaz, rancho que cuenta con varias hectáreas de nogal.Ahí los inspectores de Sagarpa supervisaron el uso de dotación de Aguas Nacionales y la obra de protección (barda) que tiene la propiedad, presuntamente del ex secretario de gobierno, Roberto Romero López, y que está al margen del Río San Miguel.Después de esa visita, en la que se descartó haya una posibilidad de detener a personas por parte de agentes de Gendarmería Nacional, las autoridades notificaron a la gente dentro de los predios, para que dentro un plazo de 10 a 15 días presente la documentación legal de sus terrenos.Las autoridades continuarán este día con las acciones de supervisión del cauce y las tierras aledañas, como el caso de la nombrada barda de las familias Bours y Coppel o edificaciones que se hayan hecho al interior de lo que serían Tierras Nacionales.De acuerdo al proceso de investigación los propietarios de las tierras tienen la oportunidad de defenderse de manera legal y después se podrá determinar si existen responsabilidades por obras y el uso inadecuado de cauces de ríos federales, además del uso de agua sin un permiso federal.En caso de encontrarse alguna culpabilidad, las sanciones podrían ir desde lo administrativo, económico o hasta penal, aunque todo se daría luego de cumplirse los derechos de audiencia.