El alza desmedida de los alquileres ha dejado a miles de habitantes en una situación precaria, obligándolos a destinar gran parte de sus ingresos para pagar por un techo. El escenario actual es complejo. Las propuestas del gobierno para mitigar esta crisis no parecen llegar a la raíz del problema. Expertos en vivienda, como Carla Scoffié, abogada y defensora de los derechos de inquilinos, han alzado la voz durante el foro “Nuevos esquemas para la vivienda en renta”, organizado por Expo Obra Blanca.
Scoffié propone una solución radical: la creación de un banco de suelo, una reserva de terrenos propiedad del Estado para la construcción de viviendas a bajo costo. Esta medida, inspirada en la gestión inmobiliaria de países como España, podría frenar la especulación y garantizar el acceso a un hogar digno a un precio justo.
Pero para formar este banco de suelo, se necesita un paso crucial: la expropiación de inmuebles abandonados o sin dueño. “Hay un sinfín de inmuebles que se encuentran en completo abandono en la Ciudad de México”, afirma Scoffié, “y el gobierno debe tomar acción. No podemos permitir que estos espacios se desperdicien mientras la gente lucha por encontrar una vivienda accesible.”
Rosalba Loyde, investigadora en vivienda, pone el dedo en la llaga. La vivienda en renta se ha convertido en un producto de inversión, dejando de lado su función primordial: brindar un hogar a las personas. Las actuales propuestas del gobierno, como “Vivienda social en renta para jóvenes”, siguen limitando el acceso a la vivienda a ciertos grupos, sin abordar la problemática de manera integral.
No se trata de solo ofrecer un techo, sino de garantizar un hogar digno para todos, dice Loyde.
Federico Taboada, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CdMx, admite la existencia de un problema grave: la falta de control sobre los abusos de los arrendatarios. Se necesitan medidas urgentes para ponerle fin al requisito de un aval, las rentas por adelantado, las fianzas excesivas y la exigencia de escrituras de otros inmuebles. Es crucial proteger los derechos y la seguridad de los inquilinos.
El futuro de la vivienda en la Ciudad de México se encuentra en un punto crítico. Es necesario que el gobierno tome medidas concretas y a largo plazo, que fomenten la construcción de vivienda accesible y protejan los derechos de los inquilinos. Solo con un enfoque integral y un compromiso real con el bienestar de la ciudadanía se podrá lograr un cambio positivo y un futuro con hogares dignos para todos.
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