Los Ángeles
En la primavera de 2018, el gobierno de Donald Trump separó deliberadamente a miles de niños migrantes de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos en un hostil intento por disuadir a las familias de cruzar la frontera, una decisión que provocó traumas permanentes y un repudio generalizado.
No obstante, ahora se ha revelado que una cantidad considerable de menores que cuentan con la ciudadanía estadounidense también fueron separados de sus padres conforme a la política de cero tolerancia, mediante la cual los padres migrantes fueron procesados penalmente y encarcelados por haber cruzado la frontera sin autorización.
Según los abogados y defensores de migrantes que trabajan con el gobierno para encontrar a las familias, cientos de menores, tal vez 1000, que nacieron en Estados Unidos fueron separados de sus padres inmigrantes en la frontera.
En muchos casos, los niños nacidos en Estados Unidos fueron ubicados en hogares de acogida durante largos periodos, y algunos aún no se han reunido con sus padres. Casi cinco años después de que se produjeron las separaciones, siguen perdidos en el sistema.
“Ni siquiera sabemos dónde están sus padres o si los padres saben dónde están sus hijos”, dijo Paige Chan, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Together and Free, quien trabaja con un equipo del gobierno encargado de averiguar el paradero de las familias separadas. “El gobierno de Estados Unidos apenas está comenzando a contabilizar el número de ciudadanos estadounidenses que fueron sometidos a este trauma inimaginable”.
Ya se sabe que aproximadamente 5500 menores nacidos en el extranjero fueron separados de sus padres por esa política. En promedio, la separación duró unas cuantas semanas, pero en algunos casos se prolongó durante años.
Estas revelaciones constituyen la primera confirmación de que los niños nacidos en Estados Unidos que estaban viajando con sus padres migrantes también fueron víctimas de la política de separación, la cual se oficializó a lo largo de la frontera en abril de 2018, después de ponerse a prueba el año anterior en El Paso, Texas.
Como ciudadanos estadounidenses, los niños no contaban con ningún otro derecho que hubiera impedido que los separaran de sus padres encarcelados, señalaron los analistas jurídicos. De hecho, tal vez habría sido una desventaja porque su condición de ciudadanos los ponía de manera automática bajo la supervisión de las autoridades estatales para el bienestar de la infancia, lo que complica los trabajos de rastreo para volver a ponerlos en contacto con sus padres.
Mientras que los niños nacidos en el extranjero fueron transferidos a refugios administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, donde los registraron en bases de datos a nivel federal y finalmente les permitieron hablar por teléfono con sus padres, pero no se aplicó el mismo procedimiento para los menores que fueron enviados a los sistemas estatales de cuidado tutelar. Mediante diversos criterios, se les otorgó a los tribunales la facultad de decidir cómo gestionar los casos de manera independiente.
La situación empeoró más cuando los padres fueron deportados.
“En teoría, un tribunal para menores establece si al infante le conviene más reunirse con alguno de sus padres, aunque haya sido deportado o esté sujeto a una deportación inminente”, dijo Carlos Holguin, un abogado que ha representado a miles de niños migrantes en custodia del gobierno.
Si un juez decide que un niño no regresará con su padre migrante y no tiene a ningún familiar estadounidense disponible, el menor podría quedar bajo cuidado tutelar hasta que cumpla 18 años, explicó Holguin.
A los padres de ciudadanos estadounidenses no se les permite de manera automática quedarse en Estados Unidos, aunque después de cumplir 21 años, esos hijos pueden patrocinarlos para que obtengan su permiso de residencia.
Como los expedientes oficiales están dispersos e incompletos, el gobierno tardará meses en revisar los archivos para identificar a los padres y a los niños separados y luego intentar determinar su paradero en Estados Unidos o en el extranjero, explicaron varios defensores de inmigrantes que han estado trabajando para rastrear los casos con el equipo interinstitucional liderado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Cualquier persona agraviada por Estados Unidos puede presentar demandas contra el gobierno, y muchas familias lo están haciendo con la ayuda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), así como de otros grupos y abogados privados.
Vilma Carrillo, quien en la frontera de Arizona fue separada de Yeisvi, su hija estadounidense que tenía 11 años, recuerda cómo los funcionarios de inmigración cercanos al centro de detención de Georgia donde estaba alojada llamaban a una madre tras otra para reunirlas con sus hijos. A ella nunca la llamaron.
Sin embargo, según Carrillo, le devolvieron la custodia y posteriormente se le comunicó que su hija había sido ubicada en un hogar de acogida, porque era estadounidense.
Según los abogados de inmigración, los niños nacidos en el extranjero fueron reunidos con sus padres más fácilmente porque estaban en refugios del gobierno y podían ser transportados rápidamente a la ubicación de sus padres, sin pasar por la burocracia de los sistemas de acogida estatales.
Carrillo, quien fue detenida por las autoridades de inmigración mientras Yeisvi estaba en el sistema de acogida, se reunió con ella más de seis meses después, luego de que una organización de ayuda legal presentara una demanda en su nombre. Ahora viven juntas en Estados Unidos.