Bajo ninguna circunstancia podrá tenerse por cumplido el compromiso y la responsabilidad de la empresa minera responsable de la catástrofe ecológica del Río Sonora, si no se concluye con la construcción y operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, UVEAS en dicha región, consideraron los integrantes de la Comisión Especial Río Sonora.Mediante Acuerdo aprobado por unanimidad de la Diputación Permanente, en el cual proponen que la titular del Ejecutivo estatal incluya una partida especial en el decreto de presupuesto de egresos 2018 a favor de proyectos hidroagrícolas, ganaderos, de salud y de servicios, los diputados Fermín Trujillo Fuentes, Javier Dagnino Escobosa y Rafael Buelna Clark, recordaron que este 6 de agosto se cumplen tres años del desastre ecológico de mayor magnitud en la historia de Sonora.En el recuento de los daños inmediatos destaca la pérdida de cosechas, de ganado, el cierre de más de 300 pozos que dejaron sin agua a más de 22 mil personas, así como la afectación a la salud de pobladores de la zona del Río Sonora, establecen en su iniciativa, a la que dio lectura el diputado Buelna Clark, quien ahora preside la Comisión Especial Río Sonora.“Fueron más de 40 mil metros cúbicos de químicos de cobre que se derramaron en el arroyo ´Tinajas´, impactando los cauces y márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, y afectando a comunidades de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Ures y eventualmente Hermosillo”, expresó.Buelna Clark agregó que, de acuerdo con información del fidecomiso que se creó para remediar la situación, fueron atendidas médicamente más de 11 mil personas; se entregaron más de 36 mil apoyos económicos; se distribuyeron más de 33 millones de litros de agua potable; se aplicó un programa de remediación en la región del Río Sonora; se estableció una red de monitoreo ambiental; y se rehabilitaron pozos.Sin embargo aún queda mucho por hacer, dijo, como la construcción y operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, UVEAS, que tiene como función identificar, evaluar y atender los casos agudos, subcrónicos y crónicos a la salud de la población, derivados del derrame, así como monitorear la red de agua potable y pozos de agua de la región.La empresa minera tampoco podrá liberarse de su compromiso y responsabilidad social, si previamente no concluye con la construcción, instalación y puesta en operación de las plantas potabilizadoras equipadas con la más alta tecnología para suministrar agua potable libre de metales pesados y apegada a la Norma Oficial Mexicana número 127 de la Secretaría de Salud, sostuvo el presidente de la comisión.“En ese sentido, no son suficientes las acciones llevadas a cabo hasta este momento, tales como la rehabilitación de algunos pozos, la entrega e instalación de tinacos en los hogares de las familias afectadas, la entrega de apoyos económicos a los productores de la región y, en algunos casos, la atención médica a personas afectadas de manera directa por los químicos derramados”, expresó.