Llevaba una bolsa de tela negra llena de registros meticulosamente organizados que esperaba le ayudaran a ganar su caso y la casa en la que él y su familia habían vivido durante casi dos décadas. Desde que descubrió este verano que su arrendador quería desalojarlos, Ayala ha pasado días llamando y apareciendo en las oficinas de grupos locales sin fines de lucro para pedir ayuda. Esperaba conseguir un abogado gratuito, pero rápidamente se dio cuenta de que no había suficientes en la ciudad para representar a todos los que necesitaban ayuda.
Para defenderse, acudió a la Biblioteca de Derecho de Los Ángeles en busca de orientación sobre cómo presentar una respuesta legal al aviso. Luego asistió a horas de capacitación en línea organizadas por la organización sin fines de lucro "Eviction Defense Network", que enseña a los inquilinos sin abogado cómo prepararse para la corte. Sin embargo, le preocupaba malinterpretar o decir algo incorrecto. Y trató de armarse de valor para escuchar. “No puedo asustarme”, dijo. “Estoy luchando por mi familia”.
Cada año, miles de inquilinos en toda la ciudad comparecen ante los tribunales y enfrentan casos de desalojo sin la asistencia de un abogado. Durante años, los defensores han pedido a la ciudad que cambie eso, argumentando que proporcionar abogados a los inquilinos de bajos ingresos corregiría el desequilibrio de poder que ocurre en los tribunales de desalojo, donde los arrendadores casi siempre tienen abogados, mientras que los inquilinos no.
Este mes, el Concejo Municipal votó 11 a 0 para ordenar al fiscal de la ciudad que redactara una ordenanza que crearía un programa financiado por la ciudad para proporcionar abogados a inquilinos de bajos ingresos. El programa ha estado funcionando durante más de cinco años, comenzando con los códigos postales de mayor necesidad.
Se financia a través de la Medida ULA, conocida como “impuesto a la vivienda”, que destina el 10 por ciento del dinero a brindar servicios legales a inquilinos de bajos ingresos que corren riesgo de desalojo. El impuesto ha recaudado 375 millones de dólares en ingresos desde que entró en vigor el año pasado. A principios de este año, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó a favor del derecho a un abogado para inquilinos de bajos ingresos en ciertas partes del condado. Ese programa se pondrá en funcionamiento en enero.
Los defensores dicen que la experiencia en otras ciudades muestra que brindar defensores a los inquilinos les ayuda a permanecer en sus hogares y preservar viviendas asequibles.
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