La legislatura de Arizona está a punto de tomar una medida sin precedentes en materia de inmigración, con una propuesta que busca criminalizar el cruce de la frontera entre Arizona y México en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada. La votación final está programada para este martes, y de ser aprobada, los votantes decidirían en noviembre si la medida se convierte en ley.
Bajo esta propuesta, los agentes estatales y locales tendrían la autoridad para arrestar a personas que crucen la frontera sin autorización, y los jueces estatales podrían ordenar que aquellos condenados por este delito regresen a sus países de origen. Los republicanos de la Cámara de Representantes cerraron el acceso a la galería superior de la cámara antes de que comenzara la sesión del martes, citando preocupaciones sobre seguridad y posibles interrupciones. Esta medida generó inmediatamente críticas por parte de los demócratas, quienes exigieron que se reabriera la galería. "La galería pública debería estar abierta al público. Esta es la Casa del Pueblo", afirmó la representante estatal Analise Ortiz.
La propuesta es similar a una ley de Texas que ha sido suspendida por una corte de apelaciones federales mientras se impugna. El Senado de Arizona aprobó la propuesta con un voto partidista de 16-13. De ser aprobada por la Cámara, la propuesta evitaría el veto de la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien vetó una propuesta similar a principios de marzo, y en cambio sería enviada a la boleta electoral del 5 de noviembre. Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de migrantes a Estados Unidos, los partidarios de la medida argumentan que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detener a las personas que cruzan ilegalmente la vasta y porosa frontera de Arizona con México.
También señalan que algunas personas que ingresan a Arizona sin autorización cometen robo de identidad y aprovechan los beneficios públicos. Los opositores señalan que la propuesta inevitablemente llevaría al perfilamiento racial por parte de la policía y cargaría al estado con nuevos costos de las agencias de aplicación de la ley que no tienen experiencia en leyes de inmigración, además de dañar la reputación de Arizona en el mundo empresarial. Los defensores de la medida propuesta restan importancia a las preocupaciones sobre el perfilamiento racial, afirmando que los oficiales locales aún tendrían que desarrollar una causa probable para arrestar a las personas que ingresen a Arizona fuera de los puertos de entrada.
Los partidarios también señalan que la medida se centra solo en la región fronteriza del estado y, a diferencia de la ley de inmigración de 2010 de Arizona, no se dirige a las personas en todo el estado. Sin embargo, los opositores señalan que la propuesta no contiene limitaciones geográficas sobre dónde se puede aplicar dentro del estado. La propuesta electoral contiene otras disposiciones que no están incluidas en la medida de Texas y que no están directamente relacionadas con la inmigración. Entre ellas se incluye la tipificación como delito grave, castigado con hasta 10 años de prisión, la venta de fentanilo que cause la muerte de una persona, y un requisito para que las agencias gubernamentales que administran programas de beneficios utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de los no ciudadanos para los beneficios.
Advirtiendo sobre posibles costos legales, los opositores señalaron la prohibición de contrabando de inmigrantes de Arizona de 2005, utilizada por el entonces alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, para llevar a cabo 20 patrullas de tráfico a gran escala dirigidas a inmigrantes. Esto condujo a un veredicto de perfilamiento racial en 2013 y costos legales y de cumplimiento pagados por los contribuyentes que ahora ascienden a $265 millones y se espera que alcancen los $314 millones para julio de 2025.