Esto en comercios de Obregón y Hermosillo en abarrotes y hasta dulcerías.La venta de cigarros de contrabando en Sonora va en ascenso y muestra de ello es que hasta en dulcerías ya se venden esos productos, los cuales no cumplen con el pago de impuestos y normas sanitarias, por lo que llegan a contener pasto, alfombra y hasta heces fecales, informó la Alianza Contra Productos Ilegales. Lo anterior se comprobó, aseguró la organización, durante operativos de verificación que realizó personal de la Procuraduría General de la República (PGR), los días 22 y 23 de septiembre pasado en 20 negocios (tres eran dulcerías) en las ciudades de Obregón y Hermosillo, en donde fueron decomisaron 53 mil 800 cigarros de contrabando, por no contar con la documentación que acreditó su importación legal. La Alianza, conformada por empresas, autoridades y organizaciones en favor de la legalidad, dijo que entre los negocios inspeccionados en Ciudad Obregón, figuran las dulcerías La Cascada, Nayarit y Arcoiris. De igual manera fueron verificadas las tiendas de abarrotes: Qué vas a querer y El Mayoreo del Bajo Río. Entre las tiendas revisadas en Hermosillo se encuentran Los Mandados 1, así como el comercio conocido como Los Mezquites. La Alianza informó que los cigarros ilegales decomisados corresponden a las marcas Sheriff, Capri, D&Y, Nise, Prime Time y Vantage, fueron puestos a disposición de las autoridades para su respectiva destrucción. Al respecto cabe recordar que de 2014 a la fecha la PGR ha decomisado en Sonora más de 385 mil 400 cigarros de contrabando, principalmente en negocios establecidos como tiendas de abarrotes, bodegas, minisúper y comercios independientes de la entidad.La organización aseguró que la pesada carga fiscal que existe desde 2011 sobre los cigarros disparó la presencia de productos de contrabando, los cuales representan un alto riesgo para los jóvenes, pues debido a su bajo precio (hasta cinco pesos la cajetilla) se vuelve más accesible para niños y adolescentes.La Alianza Contra los Productos Ilegales es la suma de voluntades de instituciones públicas y empresariales en contra de la producción y comercialización de productos ilícitos en el país.