En una decisión que ha generado gran revuelo en la Ciudad de México, el gobierno capitalino ha implementado nuevas reglas para el mercado inmobiliario, con el objetivo de proteger a los inquilinos de aumentos excesivos en las rentas.
La reforma al Código Civil, publicada en la Gaceta Oficial, establece un límite al incremento de las rentas, atado a la inflación reportada por el Banco de México. Este cambio busca frenar la escalada descontrolada de los costos de alquiler que se ha experimentado en años recientes.
El Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, explicó que esta medida es un acto de justicia social que busca dar certidumbre a las familias de bajos ingresos, evitando la expulsión de las zonas más populares de la ciudad.
Las reformas también incluyen la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento, que será administrado por el gobierno. Con este registro se busca dar seguimiento a las rentas y garantizar que se cumplan las nuevas disposiciones.
Además de la regulación del mercado de arrendamiento, la reforma también contempla la implementación de una política de construcción de vivienda pública en renta. El objetivo es ofrecer opciones de vivienda accesible a sectores vulnerables de la población, como jóvenes, madres solteras y trabajadores con bajos ingresos.
La medida ha sido bien recibida por organizaciones defensoras de los derechos de los inquilinos, quienes la consideran un avance significativo para combatir la gentrificación y garantizar el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, algunos expertos en el mercado inmobiliario advierten que la regulación podría tener un impacto negativo en la oferta de viviendas en renta, lo que podría generar un aumento en los precios.
El tiempo dirá si las nuevas medidas logran alcanzar su objetivo de regular el mercado de arrendamiento y brindar un acceso más equitativo a la vivienda en la Ciudad de México.