El vicepresidente de la Barra de Abogados afirma la ley le da estas facultades a la población.Jaime Castro Vázquez, vicepresidente de la Barra de Abogados de la Delegación Agua Prieta, afirmó sin temor a equivocarse que cualquier ciudadano puede impugnar una candidatura por el incumplimiento de una protesta a un cargo con responsabilidad legal de carácter constitucional.“Claro que estoy seguro de lo que hablo, y lo digo porque en la misma Constitución dice que cualquier ciudadano tiene el derecho de impugnar una candidatura de cualquier funcionario que no ha concluido su periodo de ley, porque aquí a los diputados y a los alcaldes levantaron el brazo derecho y protestaron trabajar para su comunidad por tres años”, destacó.Ejemplificó que la elección a diputado o alcalde no es por dos años y medio, sino por tres años, tiempo que le marca la ley para desempeñarse como servidor público y que por la protesta que hace está obligado a cumplirlo.Declaró que hay excepciones contempladas en la normatividad electoral por las cuales un funcionario puede separarse de su cargo como es su estado de salud física o mental.“Pero los ciudadanos eligen a un candidato o candidata por tres años para presidente municipal o para diputado y no por dos años y medio para que se vayan a competir por otro hueso político”, enfatizó.Reveló que a su despacho han acudido ciudadanos con representatividad empresarial y social para solicitarle asesoría en este tema ante la posibilidad de los “destapes” en lo local que ya están en proximidad de darse a conocer.“Mira aquí han venido a consultarme durante los días de diciembre y los que van de este mes para ver si es factible interponer ante el Instituto de Trasparencia del Estado de Sonora impugnaciones a la posible candidatura a la alcaldía de algún servidor público que ahorita ocupa un cargo de elección popular”, admitió.Aunque se reservó los nombres de sus clientes en atención al secreto profesional, el estudioso del derecho electoral y político, dijo que se trata de personas que están dispuestas a impedir por los medios legales que repitan en el cargo el grupo de personas que ya lo han ocupado varios periodos constitucionales.