Familiares y organizaciones no gubernamentales se unieron en una marcha para exigir la aparición con vida de Sandra Estefanía Domínguez Martínez, una activista mixe defensora de los derechos humanos que desapareció sin dejar rastro.
La desaparición de Sandra no es un caso aislado. En las últimas semanas, la región ha sido sacudida por la desaparición de otras dos activistas, lo que arroja una sombra ominosa sobre la seguridad de quienes se atreven a defender la justicia en México. Sandra, la última víctima de esta ola de violencia, fue vista por última vez en las cercanías de María Lombardo, municipio ubicado en la frontera entre Oaxaca y Veracruz.
Su madre, Araceli Martínez, con el corazón roto, clamó al gobierno por una investigación exhaustiva: “La quiero viva, por favor, Gobierno, ayúdenme a buscar a mi hija. Es muy lamentable”, imploró entre lágrimas. Su desesperación, compartida por miles de familias en el país, resuena con el dolor de la incertidumbre y el miedo.
Antes de su desaparición, Sandra había denunciado a Donato Vargas, exfuncionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por presuntamente crear un grupo de difusión de pornografía en WhatsApp. En este grupo, se compartían fotografías de trabajadoras de la dependencia federal tomadas sin su consentimiento. Esta denuncia, que se suma al historial de violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos, pone de manifiesto el peligro que implica desafiar al poder en México.
“Ya no tengo una vida normal porque me falta mi hermana. Todas las noches no puedo dormir, pensando en qué le están haciendo”, confesó Kenia Domínguez, hermana de Sandra, con la voz rota por el dolor. Su testimonio es un reflejo de la agonía que viven las familias de las víctimas, atrapadas en un ciclo de incertidumbre y angustia.
Las activistas que acompañaron a la familia exigieron la destitución de Donato Vargas, quien actualmente ocupa un cargo como titular de la Coordinación de Delegados de Paz. Este llamado a la acción busca visibilizar la falta de justicia y la impunidad que rodean los casos de violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos en México.
Yésica Sánchez Maya, coordinadora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad de Oaxaca, criticó la decisión de permitir que Vargas asumiera su cargo a pesar de las acusaciones en su contra. “No debió haber tomado el cargo desde un inicio. La ley orgánica del poder Ejecutivo exige un mínimo de ética, y Donato no la tiene”, sentenció. Sus palabras resaltan la necesidad urgente de que los funcionarios públicos, especialmente aquellos en posiciones de poder, sean responsables y éticos.
La desaparición de Sandra se suma a otros casos preocupantes en Oaxaca: la desaparición de la ambientalista Irma Galindo en noviembre de 2021 y la de la activista británico-mexicana Claudia Uruchurtu, desaparecida desde marzo de 2021. Estos casos evidencian un patrón alarmante que plantea serias preguntas sobre la seguridad de las activistas y defensoras de los derechos humanos en México, así como la urgencia de abordar la violencia sistemática contra las mujeres.
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