Al menos tres funcionarios del estado son investigados por la PGJE por los delitos de extorsión, amenazas a particulares y a funcionarios, luego que uno de ellos fue sorprendido por un grupo especial cuando intentaba cobrar una suma de dinero a un empresario local.El director general de responsabilidades y situación patrimonial de la Contraloría estatal, José Ángel Calderón Piñeiro; Gregorio Ramírez Cerecer, coordinador jurídico de la dirección de atención a inversionistas del Consejo para la Promoción Económica del estado de Sonora (Copreson) y Roberto Carlos Díaz Rodríguez, agente del Ministerio Público en Agencia Primera Investigadora especializada en delitos de querella, fueron separados de su cargo luego de ser delatados por el elemento de la Procuraduría.Ante esto, la Contralora Ciudadana, María Guadalupe Ruiz Durazo admitió que tuvo conocimiento de los actos ilegales de Calderón Piñeiro el viernes pasado, luego de recibir un comunicado de las autoridades en la que se le explicó que su funcionario participó en esos delitos.“Yo tengo que investigar si hay hechos que violentan la ley de responsabilidades y tendría que sancionar, tendré que nombrar a un nuevo titular del área por supuesto y él sería el encargado de resolver esta cuestión, después de una investigación”, declaró, para pedir a la ciudadanía o funcionarios denunciar si fueron víctimas de esos delitos por parte de los funcionarios.Expresó que en el caso de su dependencia, las sanciones se derivan en presentar amonestaciones o inhabilitaciones para ejercer cualquier cargo público, por lo que es un hecho que se tendrá que buscar un nuevo titular de la dirección general de responsabilidades y situación patrimonial.La Contralora admitió que no se puede investigar a toda el área que dirigía Calderón Piñeiro, para resaltar que existe un código de conducta de la Contraloría general para todos los funcionarios que les ordena actuar de manera ética y transparente.