Juan Antonio Ortega se presentó ante las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia.El abogado de Gisela Peraza Villa, la ex empleada doméstica de la familia Padrés Dagnino, admitió que están investigando los bienes que le pertenecen al ex gobernador, pero que no están a su nombre para cancelar todas las ilegalidades que hicieron.Juan Antonio Ortega García se presentó ante las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado para iniciar una serie de careos entre Gisela y las agentes de la Policía Estatal Investigadora Alma Rosa Molina Barrón y Teresa Linzón, de las que aseguraron eran las que la torturaron para que admitiera el supuesto robo de 400 mil pesos en joyas y tres millones de pesos en efectivo dentro de la Casa de Gobierno.“Hay bienes pero no están a su nombre, pero es precisamente lo que estamos tramitando para cancelar todas las mañosadas que hicieron, ventas ficticias, donaciones que se hicieron con fraude a acreedores para no pagar, pero anulándole eso, nosotros le vamos a embargar”, declaró al opinar sobre la demanda civil que enfrenta el ex gobernador de Sonora.Aclaró que Padrés Elías sí obtuvo un amparo ante la justicia federal, pero se le concedió uno incidental, es decir que está condicionado a que se debe presentar.El litigante destacó que el proceso legal está caminando, pero al no encontrarse un domicilio fijo, formalmente se tiene que pedir informes a las diferentes dependencias como agua, comisión federal de electricidad, teléfono, por lo que ahora esperan la respuesta.Ortega García expresó que el careo que se presentó ante las agentes de la PEI que, junto a otras personas, fueron las golpeadoras de Gisela Peraza, se da para aclarar más el abuso que ella vivió, ya que no se trataba de negociar con ella, sino hacerla confesar que cometió el robo, todo dentro de las instalaciones de la corporación.“Ellas siempre van a negar, es natural, pero hay elementos para que en su oportunidad la Procuraduría las declare inculpadas y las pueda consignar”, expresó para afirmar que solo por el delito de tortura no alcanzan fianza y enfrentan una pena de cárcel de cinco a diez años.